Moncloa descarta una ‘rebelión’ contra el 155: «los funcionarios se arriesgan a doce años sin trabajo»

El Gobierno no cree que la intención de algunas asociaciones de funcionarios de no acatar la aplicación del artículo 155 sea generalizada.

En Moncloa recuerdan además que la desobediencia de los empleados públicos a las órdenes que emanen de la futura autoridad catalana está tipificada: así, por ejemplo, el artículo 483 del Código Penal establece que, en el caso de «los funcionarios que continúen desempeñando sus cargos bajo el mando de los alzados o que, sin habérseles admitido la renuncia de su empleo, lo abandonen cuando haya peligro de rebelión, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a doce años». 

Tanto en el Gobierno como en el partido se confía en que las responsabilidades se queden en niveles superiores, y no lleguen al funcionariado. Así, aunque la intención del Gobierno es confiar en principio la actividad ordinaria a los cargos actuales-por razones de lógica operatividad- se avanzan ceses de aquellos que se nieguen a acatar la legalidad constitucional. De ahí, la facultad del Ejecutivo para ejecutar destituciones ‘en cascada’ de aquellos cargos que no aseguren su obediencia al 155. Confían, en fuentes del Partido Popular, que eso sirva de disuasión para los funcionarios que ahora piensan en la desobediencia.

En Moncloa no descartan que en las capas superiores sí pueda haber destituciones o incluso renuncias voluntarias. Pero otra cosa es el empleado público. En el entorno del presidente ven difícil que se juegue su plaza de oposición o su puesto de trabajo por seguir la jugada de los dirigentes independentistas. Nadie, resumen, o casi nadie, «va a jugarse su oposición por no cumplir la ley». El Gobierno ya avisó a los empleados públicos ante la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, cuando advirtió de que la colaboración no quedaría impune. El mensaje dio resultados.

Por ahora, ya se han producido algunas llamadas a la desobediencia, como la del sindicato de docentes USTEC-STEs, que, en un comunicado, aseguró que si la escuela catalana es intervenida «no reconocerá como interlocutores válidos» a aquellas personas que asuman las competencias en el ámbito educativo. El sindicato insta a «resistir» contra «las imposiciones» y a luchar «contra el golpe de Estado» que, consideran, supone el 155.

También el colectivo de bomberos independentistas ha asegurado que no reconocerán a ninguna otra autoridad que el actual Govern y Parlament. «Solo obedeceremos la legalidad catalana», afirman en una nota.

En una entrevista en BBC, el mismo consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, aseguró este lunes que los funcionarios en Cataluña «no seguirán órdenes de Madrid» cuanto el Gobierno central asuma las competencias autonómicas.

Los anuncios de rebeldía son, sin embargo, puntuales. El sindicato más representativo de la función pública, CSIF, ha asegurado este mismo lunes su total apoyo a la aplicación del 155 «para garantizar la legalidad y las funciones de la administración catalana, en el ámbito del Estatuto de Autonomía, con el fin de preservar los servicios que reciben los ciudadanos y el normal funcionamiento del Estado».

Desde el sindicato destacan además que el desarrollo del artículo «dará protección a los empleados públicos que se nieguen a acatar órdenes ilegales de la Generalitat de Cataluña, en el caso de que mantenga su pretensión de llevar a cabo el procés y decidan proclamar la declaración unilateral de la independencia». 

El acuerdo del Consejo de Ministros sobre el 155 señala expresamente que la incoación de expedientes sancionadores por parte de la Generalitat al personal que se oponga a medidas contrarias a la Constitución «serán nulos de pleno derecho e ineficaces».

En fuentes de este sindicato se reconocen «expectantes» por la aplicación del 155 y consideran que la desobediencia se reducirá a «algún caso aislado». Asimismo, descartan las ‘dobles órdenes’ de un eventual gobierno catalán ‘en la sombra’: «ellos no pueden darlas porque están destituidos ni nosotros obedecerlas».

El Ejecutivo tendrá capacidad para cesar al gobierno catalán una vez el 155 reciba el aval del Senado y se publique en el BOE. Los ceses se harán vía decreto y en un Consejo de Ministros que, previsiblemente, se celebrará el mismo sábado por la mañana.

A partir de ese momento, la incógnita es cómo reaccionarán las autoridades golpistas. Se habla incluso de la posibilidad de que se active la Asamblea de Electos, una especie de Parlamento paralelo formado por diputados y alcaldes-todos independentistas- que ostentarían la «máxima representación», según detalló en su día la CUP. La idea fue replicada también por la ANC, en uno de sus últimos informes ante la independencia, como respuesta a posibles inhabilitaciones.